De forma nada paradójica, el último asalto sobre el Estado de bienestar ha venido de la mano de la crisis de la deuda pública europea. Como hemos comentado más arriba, tras haber gastado varios cientos de miles de millones de euros en rescates bancarios —y en el caso español también en ayudas a promotores inmobiliarios y constructoras—, los primeros síntomas de recuperación de la crisis en los países centrales, y especialmente en Alemania, han dado por finalizado el tiempo de las políticas keynesianas y de la expansión del gasto público.
Es la hora de las políticas neoliberales, del ajuste presupuestario y del control del déficit público. Se juega el futuro del Euro, se dice. Se trata de palabras mayores.
El medio por el que se ejerce este control sobre los presupuestos públicos es, no obstante, relativamente novedoso. Y tiene que ver, como no podía ser otra manera, con los intereses de los agentes financieros en búsqueda desesperada de oportunidades de rentabilidad. Hasta principios de 2010, los Estados europeos afrontaron la crisis financiera con enormes cantidades de dinero público que se repartieron en forma de prestaciones sociales (como el subsidio de paro), estímulos keynesianos (como obra pública o subvenciones al consumo) y, sobre todo, operaciones millonarias en rescates empresariales (que propiamente deberían considerarse como una política de socialización de pérdidas).
Este esfuerzo presupuestario se realizó por medio de la colocación de deuda pública en subastas abiertas a las que acudían los grandes intermediarios financieros internacionales. Es preciso recordar que la deuda pública es una inversión financiera muy segura pero muy poco rentable: esto es, parece muy difícil que un Estado deje de pagar, pero a cambio el tipo de interés sobre los bonos de deuda suele ser bajo.
En un principio, buena parte de las masas de liquidez internacional que habían sido expulsadas de unas bolsas en caída libre y de unos mercados inmobiliarios bloqueados, aceptaron de buena gana comprar gran cantidad de deuda pública, tanto de EEUU como de los países europeos.
A partir sin embargo, de finales de 2009 y sobre todo de la primavera de 2010, los grandes agentes financieros del planeta han reconocido en la deuda pública europea un interesante y provechoso campo de operaciones. El mecanismo es tan sencillo como atacar la deuda de los países en posiciones más frágiles.
Y esto por medio de los constantes informes de las agencias de calificación de riesgos que mostraban cada vez más dudas acerca de la solvencia a futuro de los Estados de estos países, movimientos especulativos en los mercados secundarios de los bonos de deuda —existe un particular mercado financiero en el que se especula con estos «activos»— y, sobre todo, por la continua y constante dejación de responsabilidades por parte de las instituciones europeas.
A diferencia, en efecto, de la posición activa de la Reserva Federal estadounidense o del Royal Bank of England que compran deuda pública de sus respectivos Estados para abortar todo movimiento especulativo, el Banco Central Europeo ha dejado hacer a los «mercados» entendiendo que nada aquí era de su incumbencia y rechazando de plano toda posibilidad de realizar emisiones conjuntas de deuda europea. El resultado ha sido que desde principios de 2010 los tipos de interés de los bonos de deuda de Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, pero también de Bélgica y Reino Unido, se han disparado, en algunos casos por encima del 10 %.
Objetivo cumplido: los beneficios obtenidos a costa de estas subidas han sido espectaculares. De hecho, la crisis de la deuda europea se puede considerar como una inteligente operación encubierta de rescate del sector financiero, a costa, en este caso, de las poblaciones de un buen número de países. Al fin y al cabo, los principales compradores de deuda pública son los propios bancos europeos, y en especial los bancos alemanes.
Pero la crisis de la deuda ha tenido también otro propósito. Se ha convertido en un feroz mecanismo de bloqueo de toda salida a la crisis que pase por medidas de redistribución social, así como de castigo de toda política que se desvíe lo más mínimo de los intereses estratégicos a medio plazo del sector financiero.
Cuando se gravan cada vez más los intereses de los bonos de algunos países europeos se grava también el futuro crecimiento económico de los mismos. Una parte creciente de su renta nacional, administrada por el Estado, tendrá sencillamente que dedicarse a pagar los intereses de la deuda. La vigilancia sobre la deuda soberana constituye un instrumento de control sobre el gasto público más eficaz que cualquier medida legislativa.
El significado del rescate griego del verano de 2010, del irlandés en otoño del mismo año, o de un posible rescate portugués es: «El déficit está prohibido, ergolos Estados deben asumir severos recortes presupuestarios». Más adelante, veremos también, como la crisis de la deuda ha servido para transmitir las facturas de la crisis económica desde los países centrales, especialmente Alemania, a los países periféricos. Y cómo esta crisis amenaza seriamente la viabilidad de la Unión y todo proyecto futuro de democracia a escala continental.
Continuara…
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