sábado, 6 de octubre de 2012

La "Guerra entre Pobres" parte II

O también: la casi nula crítica social a la feroz Ley de Extranjería española y a las proclamas cripto-racistas de los partidos mayoritarios que afi rman la «excedencia» migrante en tiempos de crisis, arraiga en una sociedad que acepta naturalmente que haya sujetos humanos con un estatuto de ciudadanía diferente (o sin ciudadanía en absoluto), vinculado a su función productiva y siempre sometidos a los trabajos peor pagados y con menor capacidad de promoción. 

De hecho, dentro de esta «guerra entre pobres» emergente, la oposición entre autóctonos y migrantes atraviesa todo el espacio social y se manifi esta como la fi gura central de los discursos nacionalpopulistas.

El exiguo Estado de bienestar se ha convertido en el campo preferido de este ataque. Según los nuevos cruzados de la anti-inmigración, la necesidad de reforma de las instituciones del Estado de bienestar viene provocada por el uso intensivo y desproporcionado que los migrantes hacen de las mismas. 

O dicho de una forma brutal, los inmigrantes «abusan» de los servicios públicos. Por su culpa, se dice, tendremos que sufrir los fuertes recortes de las prestaciones sociales.

Aparte de que el recetario del nuevo racismo obvie datos tan importantes como la aportación masiva de los inmigrantes a la Seguridad Social durante los años del boom, esta línea de ataque sustituye la mirada que se enfrenta a la depredación fi nanciera de los recursos públicos, por una reacción clásicamente fascista contra las posiciones más frágiles de la estructura social. 

La acción de los medios, la legislación, la Ley de Extranjería y algunas políticas, poco visibles para los españoles, como el profi ling —las directrices policiales de acoso y seguimiento según perfi les étnicos—, se encargan de fabricar y reproducir esta fragilidad a partir de una negación fl agrante de los derechos de ciudadanía.

Pero incluso dentro del inmenso colectivo migrante habrá que descubrir también otra multitud de prácticas de microdiferenciación: inmigrantes con papeles frente a inmigrantes sin papeles, inmigrantes culturalmente asimilables frente a inasimilables.

Naturalmente, podemos pensar y observar muchísimas más líneas de fractura: responsables contra irresponsables, parados involuntarios frente a vagos recalcitrantes. En este contexto, los problemas se vuelven del tipo: «nos roban el trabajo», «esos no trabajan como nosotros», «son unos privilegiados », «no se integran», «si es que han venido demasiados como se va a pagar así la sanidad», etc.

La reciente reforma de las pensiones promovida por el gobierno, y aceptada por los sindicatos, milimétricamente ajustada a los intereses de los mercados fi nancieros, también ha necesitado de una fuerte retórica de enfrentamiento. En este caso, entre generaciones. 

Se dice: con el sistema de pensiones, tal y como hoy está organizado, las jóvenes tendrán que soportar la carga de una horda de ancianos parasitarios, residuos de una etapa en la que se ponían en peligro las cuentas públicas con toda alegría. La alternativa es simple: o la quiebra de las pensiones públicas, o una reforma que «racionalice» el sistema. 

Por supuesto, no hay un solo economista que haya logrado, sin recurrir a supuestos demográfi cos y sociales arbitrarios, demostrar la inevitabilidad de la quiebra del sistema de pensiones. Pero la intención es otra, se trata de escamotear los verdaderos intereses fi nancieros que promueven el ataque sobre el sistema público (condenados a ser sustituidos por los fondos de pensiones) a través de un falso confl icto demográfi co que plantea la proporción jóvenes-viejos como un determinante absoluto de las políticas de jubilación. 

Paradójicamente, los grandes perjudicados de la reforma serán los jóvenes trabajadores de hoy y de mañana que accederán a unas pensiones cada vez más degradadas. Así jóvenes y ancianos se convierten en
objeto de ataques paralelos que no son mutuamente excluyentes.
 
Los primeros acusados de abulia, indisciplina y vagancia (la «generación ni-ni»), o arrinconados como víctimas de unas reformas inevitables. Los segundos acusados de un permanente «abuso» de los servicios públicos, especialmente del sistema de salud, culpables del colapso de la factura farmacéutica, los consultorios y las listas de los hospitales. La ideología de la responsabilización de los ancianos se puede percibir bien en todas las políticas que abogan por el copago sanitario.

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