lunes, 24 de septiembre de 2012

Concepto de los Derechos Sociales y su Fin. Parte II

La crisis fiscal de las administraciones públicas lejos de corregir esta tendencia, la ha reforzado y la ha llevado a ámbitos y extremos antes considerados prácticamente inaceptables. Así desde 2006-2007, el avance de la privatización de la ges-tión y los servicios de salud autonómicos ha sido notable en algunas regiones, se han puesto a la venta varias empresas de aguas, equipamientos deportivos, culturales y recientemente también empresas perfectamente viables como AENA o las Loterías del Estado. 

Invariablemente, los grandes beneficiarios de estas políticas han sido los principales agentes del bloque oligárquico español: las grandes empresas de construcción que han encontrado en el gasto público un sector refugio que les permite gestionar gran cantidad de servicios públicos; las entidades financieras que en muchos casos prestan a las primeras el dinero necesario para acometer estas inversiones necesarias; y también una gran cantidad de constructores, promotores y empresarios locales que se han hecho cargo de innumerables servicios municipales. 

En lo que se refiere a la calidad de los servicios privatizados o externalizados vía concurso, subvención o parte nariado público-privado es más que dudoso que exista una mejora de la eficiencia y de las prestaciones. Convertir la sanidad, o la educación, o los servicios sociales públicos en un negocio difícilmente puede redundar en una mejora de la calidad del servicio. Antes al contrario, los pocos datos que tenemos y la comparación con otros países en los que este proceso parece más desarrollado señalan justamente lo contrario: una caída de la calidad y de la universalidad de los mismos. 

En el caso de la sanidad, la privatización de la gestión puede representar un drástico deterioro de uno de los sistemas públicos de salud mejor posicionados a nivel mundial; así como una reducción de los niveles generales de salud, especialmente para aquellos sectores que dependen exclusivamente de la sanidad pública. 

Algunos estudios señalan un aumento de la morbilidad y la mortalidad en los hospitales con servicios de limpieza privatizados, una disminución de la esperanza de vida de los sectores más frágiles y más dependientes de sistemas públicos degradados y una fuga de las rentas medias y altas a los seguros médicos privados, lo que también redunda en la creación de un nuevo nicho de negocio privado. 

En el caso de la educación, la promoción de la educación concertada, esto es, de la educación privada pero subvencionada al 100 % con dinero público, ha generado en realidad un doble sistema educativo: uno concertado, mayoritariamente gestionado por la Iglesia, y que sirve de refugio para las clases medias; y otro público, general-mente con mayores prestaciones y calidad, pero que en algunas zonas urbanas aparece fuertemente especializado en las poblaciones escolares de menores recursos e ingresos —desde las familias pobres, hasta la inmigración más desprotegida. 

El clasismo implícito a este doble sistema se ve además reforzado por la «libertad de selección» del alumnado por parte de los colegios concertados y la práctica generalizada de las «aportaciones voluntarias» que funcionan como una matrícula encubierta. El resultado son unos rendimientos escolares a la baja, un sistema de segregación que empieza en la escuela —lo que sencillamente es antitético con las funciones democratizadoras de esta institución— y una tasa de abandono escolar superior al 30 % en la Educación Secundaria Obligatoria, más del doble de la media europea. 

 Éste es el resultado de la célebre «libertad de elección» de los padres y que sólo parece servir para defender y promover un sistema escolar segregado y apoyado en la educación concertada. Como se puede adivinar, es aquí donde el asalto sobre el gasto social se anuda con lo que puede llegar a empujarlo al borde de su particular precipicio por falta de una base social amplia interesada en protegerlo. 

La progresiva fuga de las clases medias de los sistemas públicos de educación y protección social está segando literalmente los débiles soportes de la educación, la salud, las pensiones y el bienestar en general como derechos sociales universales. 

En una sola pregunta ¿por qué los sectores sociales de mayor poder adquisitivo habrían de querer seguir pagando los sistemas públicos? Al fin y al cabo, buena parte de lo que constituye sus mecanismos de garantía social viene realizado por medios privados, como puedan ser fondos de pensiones, seguros médicos privados, colegios concertados, universidades privadas, por no decir que tengan ninguna necesidad de medidas compensatorias contra la pobreza, como subsidios, acceso a bancos de comida, rentas mínimas, etc. 

Sin duda, el Estado aparece como garante en última instancia de estos sectores: pagando los colegios privados, subvencionando fiscalmente los fondos de pensiones y en un futuro inmediato la contratación de seguros médicos privados, o incluso financiando también su consumo con toda clase de incentivos (desde la vivienda, al automóvil, la reforma de hogares, etc.). 

Pero ¿Podemos asimilar estas ayudas a algo que lejanamente se parezca al mantenimiento de unos derechos sociales universales? ¿No se apunta aquí una tendencia más parecida a las clásicas protecciones de las clases medias, al tiempo que los sistemas públicos van degenerando, poco a poco, a la condición de instituciones de caridad para los más necesitados? 

Cuando se habla de clases medias es preciso reconocer que no nos referimos a la sociedad de los dos tercios de la época dorada de los EEUU de postguerra, ni siquiera a esa ficción de inclusión social (la sociedad de propietarios) en la que se reconocía la mayor parte de la población española gracias a los mecanismos financieros que sostuvieron el largo ciclo de crecimiento de los años noventa y dos mil. 

Las clases medias son aquí estrictamente ese sector de población que puede presumir de seguridad económica suficiente como para tener cierta capacidad de previsión sobre su futuro, así como un margen más o menos holgado de autonomía frente a la pobreza, la penuria y los cambios de coyuntura económica. Por eso las clases medias son el núcleo duro de las estrategias de financiarización a largo plazo. Continuara…

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