Concepto de los Derechos Sociales y su Fin

En epígrafes anteriores se explicó de qué forma la crisis ha abierto una increíble ventana de oportunidad para un nuevo giro de tuerca neoliberal. El asalto financiero a la deuda pública de los Estados de la «Europa periférica» ha sido seguido de recortes presupuestarios, contracción del gasto social, reducción de sueldos en el sector público y reformas aminorativas de los sistemas públicos de pensiones. 

Que este ataque haya sido permitido, cuando no directamente inducido, por los gobiernos de los países centrales de la Unión y por el Banco Central Europeo, nos muestra de nuevo hasta qué punto la crisis se dirige de acuerdo con decisiones e intereses políticos y no a partir de los principios de una ciencia neutra, limpia y aséptica. 

De todos modos, estaríamos realmente muy lejos de entender lo que ocurre si sólo atendiésemos a la escala europea. En realidad, la erosión del gasto público, y especialmente de las partidas sociales, se produce a todos los niveles. De facto, aquello que podríamos considerar de mayor gravedad, por sus efectos a largo plazo, podría estarse produciendo en las es-calas territoriales menores. Y es aquí donde se apunta lo que podríamos reconocer como una suerte de desmantelamiento por abajo del Estado del bienestar. 

En el caso español, como se sabe, la mayor parte de las po-líticas sociales son competencia de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Las administraciones autonómicas y locales concentran el grueso del gasto en educación, salud, servicios sociales, familia y protección contra la pobreza y la exclusión. Los recursos que disponen para hacer frente a estas políticas, si bien proceden en buena medida de las transferencias del Estado, tienen también un importante pilar en lo que ha constituido la fuente principal de bonanza económica durante la pasada década: las plusvalías inmobiliarias y el valor de los bienes inmuebles. 

Por sólo mencionar el caso de los Ayuntamientos, durante los años centrales del ciclo (2002-2007) hasta el 50 % de sus ingresos directos (y el 30 % de sus ingresos totales) se recaudaron a partir de tres únicas fuentes: el Impuesto de Bienes Inmuebles, las licencias de obra y la venta de suelo público (fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Liquidación de presupuestos de las entidades locales). Esta posición de los entes territoriales respecto al ciclo inmobiliario explica, por sí sola, la incorregible bulimia de los crecimientos urbanos. 

Pero además de los enormes costes ambientales que entraña este tipo de mecanismos, la orientación pro-crecimiento ha implicado nuevas formas de presión presupuestaria. Mientras duró el ciclo inmobiliario, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas hicieron enormes inversiones dirigidas a dotar de equipamientos a los nuevos desarrollos urbanos pero también a atraer promotores, inversores y residentes sobre sus propias localidades: tales fueron la proliferación de eventos deportivos y culturales, de infraestructuras de transporte o las machaconas campañas mediáticas orientadas a promocionar distintas formas de desarrollo turístico. 

La lógica económica subyacente, como en el caso de las familias, era que el propio crecimiento de las economías urbanas generaría las rentas fiscales suficientes como para pagar estas inversiones. Por eso, el recurso al endeudamiento se consideró una opción racional, y por eso también durante los años de crecimiento, la deuda de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas aumentó de forma considerable. 

Dicho de otro modo, las administraciones locales cayeron en una pendiente de dependencia financiera parecida a la que han sufrido las economías domésticas. La fragilidad de este modelo de desarrollo local se ha revelado plenamente en los años de crisis. La magia de la refinanciación y de la amortización de las inversiones se ha disipado tan rápido como el sueño financiero de la sociedad de propietarios. 

La crisis ha dejado unas finanzas públicas devoradas por la doble pinza de la deuda y de unos recursos menguantes. ¿Se puede, en estas condiciones, seguir pagando el gasto social? Liberales y neoliberales dicen tajantemente que no. Olvidan naturalmente las causas de la crisis fiscal, y fijan su atención en el control del gasto. En una reproducción en miniatura de las presiones que se ejercen a nivel de los Estados, las Comunidades y especialmente los Ayuntamientos han sido convenientemente «ajustados» a una agenda política, sólo a medias disimulada, basada en el reforzamiento de los límites legales al endeudamiento y en los continuos avisos por parte del Estado de que no acudirá en su ayuda en caso de bancarrota. 

En pocas palabras, los entes territoriales se han visto obligados a reducir sus gastos como han podido. Han desmantelado servicios, puesto a la venta gran cantidad de bienes patrimoniales y adelgazados sus aparatos administrativos. Como en el caso, también, de la deuda de los Estados, este tipo de políticas no son más que la vaselina que permite hacer entrar una estrategia empresarial de mucho mayor calado. 

En cierto modo, la presión sobre el gasto público de las administraciones territoriales y su ajuste forzado por una estructura de ingresos completamente vinculada a las plusvalías inmobiliarias puede ser entendida igualmente bajo parámetros de socialización de pérdidas y rescate encubierto. Ya en los años anteriores a la crisis, Ayuntamientos y Comunidades habían ido cediendo una parte creciente de la gestión del gasto público a las empresas privadas. Así, los servicios urbanos de recogida de basuras, la gestión de bosques y espacios naturales, e incluso los institutos de deportes son en su mayoría de gestión privada, normalmente a manos de las divisiones de servicios de las grandes constructoras. 

Pero lo que se puede considerar realmente preocupante es la tendencia a la privatización de la gestión de las partidas centrales del Estado de bienestar como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que en su mayoría son competencia de las Comunidades Autónomas. 

De hecho, la educación concertada, más «barata» que la pública, ha sido promocionada y subvencionada generosamente en varias Comunidades —con Madrid a la cabeza— con graves efectos en la disminución de los rendimientos académicos del conjunto del sistema educativo y la concentración del fracaso y el absentismo en los centros públicos de los distritos escolares con poblaciones de menores recursos. 

También el sistema público de salud ha sido objeto de un particular asalto que se ha materializado en la creación de «mercados sanitarios» y un conjunto nuevo de instituciones de financiación y gestión privada como los llamados hospitales PFI —o de inversión de financiación privada por sus siglas en inglés. 

 Estos nuevos hospitales son construidos y gestiona-dos por empresas privadas —en el caso español constructoras o multinacionales de los servicios de salud— a las que la Co-munidad Autónoma paga un canon anual. Aunque a la larga, el pago de este canon implica un gasto mucho mayor que el que supondría la inversión y la financiación pública, este sistema, por ejemplo, ha permitido a la Comunidad de Madrid abrir 8 hospitales entre 2007 y 2008. Gracias a las triquiñuelas de la contabilidad neoliberal que permite la Unión Euro-pea —a través de su oficina estadística Eurostat— la suma de estos cánones anuales al sector privado no cuentan como deuda pública y por lo tanto no «presionan» sobre los balances contables, aunque efectivamente hipotequen el gasto público durante generaciones. 

Parecidos sistemas se han aplicado también a la construcción de autovías, cárceles o otros equipamientos públicos. Incluso en algunos casos, como en el de la política de energías renovables, y especialmente de la energía solar fotovoltaica, estas estructuras financieras han terminado por producir efectos ruinosos en términos monetarios y un daño difícilmente reparable a los que se suponía eran sus principales objetivos. Subrepticiamente, los llamados partenariados público-privados han acabado por imponer-se como fórmula preferida para la inversión y gestión pública, con consecuencias económicas y sociales que todavía están por poderse calcular a largo plazo. Continuara…